La Inquisición. El Santo Oficio

Estamos pasando por tiempos difíciles en que no se puede hablar ni callar sin peligro [...] La fortuna continúa siendo igual y fiel a sí misma, contra mi padre, contra todos los míos y aun contra mí mismo, pues lo que hace con ellos pienso yo que lo hace conmigo. Estas palabras del humanista Juan Luis Vives expresan claramente la zozobra y angustia de un hombre perseguido sin piedad por el Santo Oficio. La historia familiar de Vives ilustra de manera ejemplar el calvario que miles de españoles padecieron por delitos de opinión o por mantener creencias distintas a las admitidas oficialmente. Su padre, uno de los abuelos, un primo, dos tías y otros parientes más lejanos fueron condenados a muerte por judaizantes. El cadáver de su madre, fallecida de muerte natural, fue desenterrado y quemados sus restos en un acto ciertamente sin sentido. Es obvio que la Inquisición no actuó con la misma brutalidad en todos los casos ni pudo mantener un nivel de represión tan constante a lo largo de los siglos de su existencia, pero es una realidad que gozó de un inmenso poder en la España de los siglos XVI, XVII y XVIII y que su presencia en la vida cotidiana fue constante y amenazadora.

La organización inquisitorial tenía una estructura piramidal. En el vértice se hallaba El Consejo de la General y Suprema Inquisición, conocido generalmente como La Suprema. Este organismo controlaba con mano de hierro todo el entramado inquisitorial, tanto en los aspectos jurisdiccionales como en los aspectos económicos y trataba de coordinar las actuaciones de los distintos tribunales de distrito que, en alguna ocasión, tendieron a actuar de forma excesivamente individualista. Entendía, así mismo, acerca de los delitos cometidos por los propios miembros del Santo Oficio.

Buena prueba de la íntima comunión entre monarquía e Inquisición lo constituye el hecho de que todos los miembrosde La Suprema eran nombrados personalmente por el rey. Pero es que, además, este Consejo era uno más dentro del sistema de Consejos de la estructura administrativa y política española. El poder de La Suprema bajo determinados monarcas fue muy importante: al rey Felipe IV la Inquisición llegó a prestarle dinero para el funcionamiento de la administración real.

Al frente de La Suprema estaba el Inquisidor General, personaje temido y respetado al mismo tiempo. El primero de todos ellos fue el dominico fray Tomás de Torquemada, nombrado Inquisidor para Castilla y Aragón, es decir para toda la península prácticamente. Su nombre quedará para siempre unido al del Santo Oficio, ya que dotó a la Inquisición del carácter que mantendría a lo largo de varios siglos. Extendió la maquinaria judicial del Santo Oficio por toda España y publicó las Instrucciones de Inquisidores, que contenían directrices para el correcto funcionamiento de los tribunales de distrito, en un afán de centralizar la administración inquisitorial y de unificar los criterios de los distintos tribunales. Los juicios sobre esta figura controvertida han sido, en general, unánimes sobre la crueldad de la represión que desató en el reino, aunque a la hora de dar cifras concretas acerca del número de víctimas, las fuentes difieren notablemente. J. A. Llorente le atribuyó 10.820 quemados en la hoguera; sin embargo otros historiadores cifran el número de víctimas entre 2.000 y 3.000. En todo caso, se puede afirmar de él que siempre aplicó las leyes en el sentido más riguroso de las mismas. Irónicamente, parece que está fuera de toda duda el hecho de que Torquemada descendía de judeoconversos, lo que no es de extrañar, pues los conversos sinceros eran los más crueles enemigos de los judaizantes.

El cargo de Inquisidor General fue ocupado posteriormente por algunos hombres muy notables, como el cardenal Cisneros, Adriano de Utrecht, futuro Adriano VI, Alonso Manrique, poderoso arzobispo de Sevilla, etc. En general, en el nombramiento de esta figura clave en el entramado inquisitorial predominaron los criterios políticos, ya que su designación era facultad real.

Por debajo de La Suprema se situaban los tribunales territoriales que cubrían toda la geografía española. Su número y distribución fue muy variable y dependió de los recursos económicos del Santo Oficio. En principio, los distritos inquisitoriales coincidían con las divisiones eclesiásticas, pero esto no era algo absoluto y los límites de cada tribunal fueron cambiando de acuerdo con las necesidades y posibilidades de la Inquisición. No obstante, se fue produciendo un paulatino proceso de concentración. En Valladolid, por ejemplo, se juzgaban las causa de toda Castilla la Vieja. Esto explica que El Brocense, vecino de Salamanca, muriera en Valladolid incurso en un proceso inquisitorial. Santiago de Compostela era el tribunal para toda Galicia; Logroño velaba por la ortodoxia en La Rioja y el territorio vasconavarro; etc. Como dato curioso señalemos que las causas inquisitoriales de Extremadura se juzgaban en el tribunal de Llerena, ciudad en la que se desarrolló un poderoso grupo de alumbrados, objeto de investigación y condena inquisitorial. La Inquisición se extendió también a la América española: en 1570 ya existían tribunales en Lima y en México, con la particularidad de que no tenían jurisdicción sobre los indígenas.

Estos tribunales locales o de distrito a los que nos estamos refiriendo eran los que realmente llevaban a cabo la tarea inquisitorial. Cada tribunal estaba compuesto por varios inquisidores (dos o tres) uno de los cuales solía ser un jurista y otro un teólogo, con el fin de abordar con garantías todos los aspectos del proceso judicial. Porque no se debe nunca perder de vista que la Inquisición, antes que nada, fue un tribunal que actuaba de acuerdo con unas normas perfectamente definidas y a las que, en general, siempre se atuvo. Las inspecciones por parte de La Suprema trataron de corregir los abusos que a veces se detectaron en estos tribunales subordinados.

Además, cada tribunal contaba con el asesoramiento de un número variable de teólogos y profesores universitarios, llamados calificadores, que asesoraban a los inquisidores en todo lo relativo a la causa que juzgaban, y determinaban la ortodoxia o heterodoxia del acusado sobre la base de las acusaciones y pruebas aportadas.

Figura especialmente importante en cada tribunal fue el procurador fiscal, encargado de sustanciar las denuncias, de llevar a cabo el interrogatorio de los testigos y, en definitiva, de aportar las pruebas y de precisar las acusaciones que pesaban sobre el reo.

Cada tribunal contaba, además, con una serie de personajes particularmente llamativos dentro del entramado jurídico-administrativo de la Inquisición: nos estamos refiriendo a los llamados familiares. Se trataba de unos colaboradores laicos del Santo Oficio que funcionaban como una especie de policía inquisitorial: colaboraban en las detenciones, protegían a los inquisidores, etc. Con frecuencia actuaron como un servicio de información y delación de los tribunales inquisitoriales. A cambio de estos servicios gozaban de una serie de privilegios notables: estaban exentos de la jurisdicción de los tribunales ordinarios, podían llevar armas y su pertenencia a la institución probaba su limpieza de sangre. Todos estos privilegios, sobre todo el último, hicieron muy apetecible el cargo, por lo que tuvieron que dictarse normas para limitar su número. La actuación y conducta de estos familiares no se ajustó siempre a los criterios de justicia, corrección y honradez propios de servidores de un tribunal eclesiástico.

El personal adscrito a los tribunales se completaba con carceleros, alguaciles, un médico, un capellán, que por regla general no podía atender espiritualmente a los inculpados, a los que se solía negar el acceso a los Sacramentos; los secretarios, normalmente en número de tres, que daban fe de los bienes embargados al acusado, tomaban nota exacta de las declaraciones de los reos y, en general, levantaban acta de cuantas deliberaciones y decisiones tomaba el tribunal. Se ha dicho que lo más escalofriante en los procesos inquisitoriales cuyos registros han llegado hasta nosotros es la impasibilidad y objetividad con que el secretario recoge las exclamaciones, lamentos y declaraciones entrecortadas de los acusados sometidos a tormento.

Había otras figuras menores en cada tribunal que, en conjunto, llevaban a término el proceso inquisitorial que, según la mayoría de historiadores del Santo Oficio, funcionó casi siempre con precisión y demostrando una organización que no se daba en otras esferas de la administración española.

A.A.M.